DENUNCIA LOUREDA

Borrador de denuncia contra el vicepresidente del Colegio (7/4/14):

AL COMITÉ DEONTOLÓGICO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

Los abajo firmantes, todos colegiados del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, comparecen ante su Comité Deontológico y DICEN:

Que DENUNCIAMOS a José Manuel Loureda Mantiñan, con nº de colegiado 2211, por vulneración del artículo 2 del Código Deontológico y comisión de falta tipificada en el artículo 51.2 de los Estatutos del Colegio, en base a los siguientes :

I. HECHOS:

1.- La Justicia suiza remitió el pasado 30 de diciembre, al juez Pablo Ruz, documentación sobre diversas cuentas abiertas en bancos suizos pertenecientes a imputados en la trama “Gürtel”. En dicha documentación se revela (documento I):

 – que el vicepresidente del Colegio, y expresidente de la constructora Sacyr, José Manuel Loureda Mantiñán, aparece como beneficiario de una cuenta abierta en el banco suizo Coutts Bank, que figura a nombre de una empresa “pantalla” denominada Lancefield Finance Ltd, con domicilio en el paraíso fiscal de Belice.

  – que el empresario, imputado en la trama “Gürtel”, Amando Mayo pagó en 2006 un millón de euros al vicepresidente José Manuel Loureda, en dicha cuenta, y otros 100.000 euros a Luis del Rivero, también expresidente de Sacyr, en otra cuenta que había abierto también en Suiza y también en el mismo banco que Loureda.

2.- El vicepresidente José Manuel Loureda, en una nota dirigida a todos los colegiados el día 13 de enero (documento II) y en conversaciones mantenidas con varios colegiados entre los días 22 y 30 de enero (documento III), ha reconocido:

   – que la cuenta en Suiza de la que era beneficiario, existió,

   – que Amando Mayo le realizó un ingreso de un millón de euros en dicha cuenta,

   – que declaró la cuenta y la regularizó más adelante, pero no lo estaba al principio, ni cuando se realizó el ingreso. Es decir, ese millón era, en puridad, “dinero negro”.

3.- Todos los medios de comunicación que dieron la noticia, lo hicieron relacionando al vicepresidente del Colegio con la trama “Gürtel”, y los ingresos que recibió con la constructura Sacyr y con Luis del Rivero (imputado, a su vez, en la subtrama “Bárcenas”), y así siguen haciéndolo hasta ahora (documento IV).

4.- Han pasado más de dos meses desde la aparición de la noticia en los medios (el 9 de enero de 2014) y el vicepresidente Loureda no ha dado ninguna explicación creíble ni documentada sobre el origen del millón. Tampoco ha dimitido de su cargo en el Colegio.

II. MOTIVOS:

Lo primero que conviene dejar claro es que un Colegio Profesional es una Corporación de derecho público, cuya diferencia con un gremio o una asociación profesional  es que entre sus fines esenciales está la defensa y protección del bien común. En ese sentido, se puede afirmar sin reservas que la única razón de ser de los Colegios Profesionales y de la colegiación obligatoria es su labor deontológica.

El Tribunal Constitucional lo deja muy claro: “la creación de un Colegio Profesional [y la colegiación obligatoria] (…) sólo será constitucionalmente lícita cuando esté justificada por la necesidad de servir un interés público“. Y añade que la calificación de una profesión como colegiada, con la consiguiente colegiación obligatoria, requiere desde el punto de vista constitucional, “la existencia de intereses generales que puedan verse afectados” y encomienda a los Colegios la vigilancia para que la actividad profesional no lesione “determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados” (STC 194/1998, II.4).

En definitiva, la razón de ser del Colegio es la labor deontológica, y eso exige una integridad irreprochable de sus dirigentes. El Colegio, o es ejemplar, o no es, ni será.

En esta línea, nuestro Código Deontológico, de 2009, reconoce que la ingeniería de caminos tiene una función social básica, que la compromete a “velar por los intereses sociales generales y los constitucionalmente protegidos” (CD, art. 2.1). Y que esa función social exige a los Ingenieros de Caminos “ajustar su conducta profesional a los principios éticos básicos de responsabilidad social, integridad”, “dignidad personal, veracidad, lealtad y diligencia” (CD, art. 2.2).

Y por ello, los ingenieros de caminos:

‐“Deberán tener en cuenta, en todo momento, la función social que desempeñan.

‐ ”Usarán sus conocimientos y habilidades para la mejora del bienestar de la sociedad (…) guiados por el interés general.

‐ “Evitarán que su actuación se vea condicionada por intereses contrarios (…) a sus compromisos éticos y a sus deberes de lealtad.

‐ “Se esforzarán por hacer compatibles sus criterios profesionales con los deseos y expectativas de sus clientes y de la sociedad.

 ‐ “Evitarán las acciones engañosas.

– “Cumplirán las leyes, reglamentos y normas vigentes que regulan el ejercicio de la profesión” (CD, art. 2.2).

Pues bien, analizando los hechos a la luz de estos preceptos, los abajo firmantes entendemos:

1.- Que la posesión de una cuenta en Suiza con dinero negro, por parte del vicepresidente del Colegio, durante años, contradice los principios éticos básicos que nos exige el Código Deontológico de responsabilidad social, integridad, dignidad personal y veracidad, y vulnera las prescripciones de evitar acciones engañosas y respetar las leyes vigentes.

2.- Que el hecho de que el vicepresidente no dimitiera cuando se conoció que había incumplido el Código Deontológico al mantener dicha cuenta en Suiza sin declarar es, en sí mismo, una ofensa a la institución del Colegio y al cargo que ostenta en una organización cuya misión es defender el interés público, lo cual, entendemos, es incompatible con ese comportamiento.

3.- Que ostentar el cargo de vicepresidente de una institución encargada de velar por la honorabilidad y la ética en el ejercicio profesional conlleva una gran responsabilidad y un compromiso decidido con la sociedad y con los colegiados. Creemos que ese compromiso exigía al vicepresidente dar explicaciones públicas sobre el origen de la cuenta, el motivo de mantenerla sin declarar y la  razón del ingreso de un millón de euros en negro, con documentos que las sustenten y que demuestren que el ingreso no tiene nada que ver con su actividad profesional en Sacyr o, en caso contrario, dimitir para no perjudicar la imagen del Colegio del que es el segundo máximo representante.

4.- Que la trama “Gürtel” es uno de los más graves casos de corrupción de nuestra sociedad, directamente relacionado con la obra pública y donde figuran imputados eminentes miembros de este Colegio. Los ingenieros de Caminos, en teoría defensores de los intereses sociales estamos siendo puestos en duda, y con razón, por la sociedad que, debido a las conductas indignas de unos pocos compañeros, sospecha de la honradez de muchas de nuestras actuaciones. En este contexto, toda conducta dudosa de nuestros representantes refuerza gravemente esas sospechas. Que el vicepresidente haya aparecido relacionado también con esa trama en múltiples medios y ante la opinión pública, y no haya dado inmediata y públicamente las explicaciones oportunas, está causando un daño irreparable, no sólo al Colegio como institución, sino a todos los colegiados.

5.- Que el vicepresidente Loureda ha utilizado el servicio de correo electrónico del Colegio y el listado de colegiados para fines personales, incumpliendo la Ley de Protección de Datos y anteponiendo su beneficio propio al del Colegio y al de los colegiados a los que representa. Este comportamiento supone un abuso de autoridad y un desprecio de las normas de privacidad que no es compatible con su cargo de vicepresidente del Colegio.

6.- Que los anteriores hechos no deben ser solo causa de reprobación moral; la figura del vicepresidente del Colegio tiene una dignidad superior a la del resto de colegiados, por lo que su responsabilidad también es mayor. Esa dignidad del cargo de vicepresidente es incompatible con el comportamiento pasado y presente de la persona que lo ostenta en la actualidad.

7.- Que es precisamente la responsabilidad social y el compromiso con los intereses generales que nuestro Código Deontológico nos exige, y la defensa de la honorabilidad de la profesión, lo que nos lleva a los abajo firmantes a lamentar y a denunciar el proceder falto de ética, deshonroso e indigno de nuestro vicepresidente.

En definitiva, creemos, que el comportamiento del vicepresidente ha vulnerado el artículo 2.2 del Código Deontológico, y su actitud en los últimos meses constituye una infracción grave tipificada en el art. 51.2.d) de los Estatutos por dañar gravísimamente la imagen del colegio y de los colegiados a los que representa, al no haber dimitido inmediatamente al conocimiento público de sus irregularidades fiscales pasadas y al no haber dado explicaciones satisfactorias y documentadas de su relación financiera, con dinero  negro de por medio, con uno de los  imputados de la trama “Gürtel”.

Por todo lo anterior,

 

SOLICITAMOS: de ese Comité que, en aplicación del artículo 52 de los Estatutos colegiales, declare a José Manuel Loureda Mantiñán responsable de la falta grave tipificada en el art. 51.2.d) de dichos Estatutos: “La producción de daños que afecten gravemente a la imagen del colegio, de sus órganos o de los colegiados”, y le imponga la sanción que, atendiendo las circunstancias concurrentes, ese Comité determine.

Madrid, 7 de abril de 2014

Fdo.:  Rodrigo Aguinaga Churruca,  colegiado nº 5.615.

Fdo.:  Manuel de Lucas Téllez de Meneses,  colegiado nº 18.072.

Fdo.:  Francisco José García Calvo García,  colegiado nº 10.071.

Fdo.:  Jesús Ángel Martínez Espiñeira,  colegiado nº 17.563.

Fdo.:  Javier Compañón Bartolomé,  colegiado nº 22.171.

Fdo.:  Almudena Díaz Camacho,  colegiada nº 26.843.

Fdo.:  Íñigo Pérez Martínez,  colegiado nº 16.554.

Fdo.:  Juan Pedro Cortés Pérez,  colegiado nº 15.203.

Fdo.:  Álvaro Moral Alonso,  colegiado nº 20.120.

Fdo.:  Eduardo Fernández de la Pradilla Hernaiz,  colegiado nº 12.345.

Fdo.:  Joaquín Rodón Blas,  colegiado nº 10.633.

Fdo.:  Manuel Pertíñez Sánchez,  colegiado nº 27.127.

Fdo.:  Justo Borrajo Sebastián,  colegiado nº 4.698.

Fdo.:  Juan Llop Chocarro,  colegiado nº 28.388.

Fdo.:  Raúl García Martínez,  colegiado nº 23.616.

Fdo.:  José Ardid Pereira,  colegiado nº 25.185.

Fdo.:  Mª Ángeles Monedero Torres,  colegiada nº 16.605.

Fdo.:  Francisco Javier Pérez Ureña,  colegiado nº 26.831.

Fdo.:  Marta Carazo Rodríguez,  colegiada nº 9.186.

Fdo.:  Miguel Rodríguez Díaz,  colegiado nº 26.378.

Fdo.:  Santiago Siridión Casado González-Gallego,  colegiado nº 30.945.

Fdo.:  Jacinto Hurtado Sanz,  colegiado nº 12.803.

Fdo.:  Casimiro Núñez Micó,  colegiado nº 15.493.

Fdo.:  Sergio Cabo Bolado,  colegiado nº 18.711.

Fdo.:  Eugenio Menéndez Flórez,  colegiado nº 18.587.

Fdo.:  Iván Zamarrón Mieza,  colegiado nº 22.121.

Fdo.:  Manuel Hervás Nieto,  colegiado nº 30.721,

Fdo.:  Pablo Lucio Pérez Senderos,  colegiado nº 15.135,

Fdo.:  Rodrigo Alonso de Linaje García,  colegiado nº 26.548.

Fdo.:  Juan Moreno García,  colegiado nº 16.330.

Fdo.:  Rafael Domínguez Morente,  colegiado nº 6.766.

Fdo.:  Valentín Gómez Jáuregui,  colegiado nº 20.483.

Fdo.:  Borja Lavado Nieto,  colegiado nº 30.449.

Fdo.:  Víctor García Gascón,  colegiado nº 26.455.

Fdo.:  Mateo Blanco Docal,  colegiado nº 31.470.

Fdo.:  José Ramón Valdivia Diego,  colegiado nº 6.098.

Fdo.:  Enrique Oromendia de la Fuente,  colegiado nº 7.108.

Fdo.:  Fernando Crespo Pérez,  colegiado nº 4.295.

Fdo.:  Julio Bermejo López-Muñiz,  colegiado nº 5.878.

Fdo.:  José Luis Diego Santamaría,  colegiado nº 11.163.

Fdo.:  Elena Cavero Alonso,  colegiada nº 23.027.

Fdo.:  Xosé Manuel Carreira Rodríguez,  colegiado nº 22.197.

Fdo.:  Carlos Severiano Herranz,  colegiado nº 29.449.

Fdo.:  Alberto Sacristán Moreno,  colegiado nº 5.896.

Fdo.:  Alejandro García Pino,  colegiado nº 27.066.

Fdo.:  Marta Serrano Balbuena,  colegiada nº 22.840.

Fdo.:  Javier Parrondo Rodríguez,  colegiado nº 8.153.

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